En cualquier país medianamente civilizado la presencia de la autoridad es fundamental y básica para una vida de relación social normal y con tranquilidad para sus habitantes.
Las actividades que se desarrollan en un país, en general, y en sus regiones o ciudades, en particular, están en el marco de normas y disposiciones legales que regulan esas actividades para que exista no sólo armonía, sino principalmente respeto y seguridad para sus habitantes y el entorno.
El desarrollo de la humanidad obliga a cambiar muchas de esas normas y regulaciones en función del avance tecnológico, de las nuevas necesidades que deben ser satisfechas y de la vida misma, dejando sin efecto a algunas, creando otras o eliminando aquellas que sean obsoletas.
En este ámbito, la presencia de las autoridades constituye la garantía final de que esas normas y regulaciones deben cumplirse por todos y sin excepción, porque justamente la autoridad pertinente lo va a exigir y va a imponer su cumplimiento y respeto. En términos normales eso es lo lógico y razonable.
Uno de los temas modernos, aunque su preocupación fue en todas las épocas de la humanidad, es el cuidado del medio ambiente o todo lo referente a lo ecológico. Ahora adquiere mayor notoriedad porque hay conciencia de que un problema ecológico que se presenta en algún lugar del planeta afecta al resto, así se encuentre en el otro extremo, porque el planeta Tierra es lo único que los seis mil millones de habitantes compartimos sin exclusiones, ventajas o derechos propios.
Si se presenta un daño ecológico en un lugar, las consecuencias para el mismo, además del grave perjuicio económico que significa, derivan en situaciones a veces irreversibles, que pueden ocasionar cambios en el modo de vida de muchos habitantes ligados a ese lugar.
Son las autoridades quienes deben controlar, sancionar y regular para evitar que ocurran ese tipo de problemas ecológicos, a veces catastróficos por sus consecuencias, que generalmente son producto de la actividad del hombre, que por su innato egoísmo busca satisfacer sus intereses personales sin importar los derechos de los demás.
Hay actividades que dañan el medioambiente, las cuales tendrán consecuencias en el presente o en el cercano futuro que afectaran la vida de los habitantes de esos lugares, y la población se confía en que esas situaciones serán controladas y eliminadas por las autoridades pertinentes.
Que decepción tiene el cruceño en particular al ver cómo se está depredando al río Piraí para el enriquecimiento de unos cuantos con la explotación de los áridos, y la total negligencia de las autoridades, en este caso municipales, para frenar esa depredación, incurriendo por su falta de acción en una conducta criminal que, tarde o temprano, tendrá que ser sancionada.
La depredación del río Piraí ocasionará daños ecológicos que afectarán la vida y las actividades de los cruceños y más adelante de toda la región donde el curso del río tiene presencia de flora y fauna.
Es tiempo que la población reaccione y frente a esa negligencia criminal de las autoridades, que no merecen denominarse así, tome cartas en el asunto antes que el río Piraí sea solo un recuerdo poético mencionado en algún taquirarí.
Publicado en El Deber 19/09/11 y en Los Tiempos el 23/09/11
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