A pesar de esa posición constitucional clara y contundente, la pena de muerte existe en Bolivia, pues es el sistema nacional de salud el que dicta esta condena sin ningún desparpajo ni consideración.
La ley 3323, promulgada el 16 de enero de 2006, creó el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (Sspam), que reemplazó al Seguro Médico Gratuito de Vejez. Reglamentada por el DS Nº 28968, dispone que el Sspam es de carácter integral y completamente gratuito, que significa la atención médica para personas mayores de 60 años que radiquen permanentemente en el territorio nacional y que no cuenten con ninguna clase de seguro de salud. Esta responsabilidad transfirió el Ministerio de Salud a las municipalidades, las cuales tienen que contratar la cobertura de este seguro con las instituciones del sistema nacional de salud.
No obstante, al finalizar este contrato de cobertura de las cajas de salud con las alcaldías, todos aquellos enfermos renales que se encontraban con tratamiento de diálisis están siendo notificados por las cajas en sentido de que no continuarán prestándoles ese servicio.
Habría que trasladar la pregunta al Gobierno central: ¿qué hace una persona de más de 60 años, sin recursos económicos ni ingresos suficientes, para contratar en instituciones privadas, el servicio de hemodiálisis? Servicio que tiene un costo muy elevado y por el que no podrá acudir a una caja de salud porque al ser adulto mayor no se lo prestarán, negándole el mismo como si se tratase de una liposucción para dejar al cuerpo más esbelto, sin considerar que la hemodiálisis en todos los enfermos que sufren de insuficiencia renal es de vida o muerte.
Además, el servicio de hemodiálisis que prestan las cajas de salud tampoco es gratuito porque éstas no disponen de insumos, ya que los pacientes o sus familiares están obligados a proveer filtros, agujas, lavandina para lavar las máquinas, jeringas guías, bicarbonato, alcohol, inyección de Eritropoyetina, Eparina y otros medicamentos, para lo cual obtienen dinero de donde pueden para seguir viviendo.
Existen países donde la pena de muerte está establecida; la autoridad máxima, antes de una ejecución, tiene la posibilidad de suspenderla y condonarla por otra pena que no sea la privación de la vida. En Bolivia ni siquiera existe la posibilidad de este último recurso para los adultos mayores que sufran de insuficiencia renal, porque los burócratas insensibles de las cajas de salud comunican la sentencia a pena de muerte simplemente notificándoles la fecha de la última sesión de hemodiálisis y que ya no tienen derecho a otras sesiones, sin importarles qué pasa con esos seres humanos, cuya única desgracia merecedora de la pena de muerte es ser adulto mayor, pobre y enfermo de los riñones.
En Bolivia, la mayoría de las personas adultas mayores son discriminadas en virtud de su edad, porque sufren la pobreza y exclusión en la atención no sólo de los hospitales, sino también en las entidades financieras y transporte público.
Quedará en la conciencia de las autoridades pertinentes la responsabilidad de homicidio culposo de los adultos mayores por falta de atención en las cajas de salud.
Publicado en El Deber 09/05/11 y en Hoy Bolivia el 10/05/11
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