Baches de la corrupción

         En su vasta geografía, Bolivia tiene hermosas riquezas naturales, y entre ellas, la Chiquitania, sin lugar a dudas, es uno de los lugares con una belleza inconmensurable que no sólo es inspiración para el poeta, sino que también transmite mensaje de vida a quien tiene la suerte de visitarla.

         Durante el último feriado tuve la suerte de estar en Concepción, un pueblo con la languidez propia de los pueblos orientales y que mantiene viva la llama de esa región con la inapreciable ayuda de sus gentiles pobladores; también pase por San Javier, Santa Rosa de la Mina y Las Piedras, pero es más que triste referirnos a como se llega a estos pueblos.

         La carretera desde Santa Cruz hasta San Ramón ha sido mantenida con un criterio práctico, el pavimento asfáltico deteriorado fue directamente sacado, dejando varias secciones sobre ripio, actitud que, considerando lo que se tiene que atravesar después, no deja de ser inteligente, aunque no resuelve el verdadero problema de la comunicación vial en esa importante región.

         El suplicio -término más apropiado que martirio- empieza al salir de San Ramón hasta llegar a Concepción pasando por San Javier, la carretera ‘asfaltada’ tiene tantos y tan grandes baches, que hace que la travesía se convierta en un tormento moral, porque no se puede explicar cómo no tenemos carreteras acordes con las necesidades del país en general y de la región en particular; y tormento físico, porque tener que ir esquivando cada bache para caer en otro, y así sucesivamente hasta el cansancio, deja maltrecho el cuerpo de cualquier mortal, aunque el premio final sea disfrutar de la belleza de la Chiquitania.

         No ha pasado tanto tiempo como para olvidar que con bombos y platillos y toda la parafernalia posible se inauguraron los tramos de la carretera asfaltada a Concepción y la eterna promesa, siempre incumplida, de llegar hasta San Ignacio de Velasco.

         No es posible que una carretera de la envergadura como la que me refiero, que conecta uno de los sectores más importantes de producción agropecuaria que aporta a la riqueza nacional, se encuentre en poco tiempo en tan mal estado. Estuve buscando respuestas a esta que, más que interrogante es preocupación, y la única respuesta posible la encuentro en la corrupción de las autoridades, de las constructoras y de todos quienes han tenido que ver con su construcción.

         Una carretera de esta índole parte de un estudio técnico en el que se determinan las condiciones de base para después llamar a una licitación pública, a fin de que empresas constructoras capacitadas se adjudiquen dicho trabajo, siempre y cuando cumplan las exigencias del pliego correspondiente. Los baches posteriores de la carretera nacen en los acuerdos bajo mesa (cohecho de por medio) para cumplir las exigencias en papel y reducir la cantidad de material a utilizarse, y ese ahorro en el costo se dirige al pago de las autoridades encargadas de fiscalizar y contratar la obra para que se hagan de la vista gorda.

         Debería hacerse una auditoria real y profunda sobre este tipo de situaciones y castigar a todos quienes incurren en una verdadera figura de estafa al pueblo boliviano, que finalmente es el que paga una carretera, pero no los baches de la corrupción.

Publicado en El Deber 17/02/11

Publicado en Los Tiempos 31/03/11

Peligrosa discrecionalidad

         Cualquier disposición legal, sea una ley, decreto o reglamento, debe tener una redacción clara y concisa, en cuyo texto se encuentre de una manera concreta qué es lo que regula, qué se puede hacer, qué está prohibido, qué se debe cumplir, qué se debe exigir y así, dependiendo del tipo de disposición, sus normas no deben dejar lugar a dudas.

         Las disposiciones legales deben ser aplicadas por personas investidas de autoridad y éstas deben interpretarlas para que la exigencia del cumplimiento se haga bajo parámetros de ecuanimidad y de justicia. Ninguna norma legal es ni justa ni injusta, es su aplicación e interpretación la que la enmarca en criterios justos. Quienes interpretan y aplican las normas legales deben imprescindiblemente actuar en el marco de la ecuanimidad, que es tener imparcialidad de juicio con igualdad y equidad.

         Tampoco las disposiciones legales son buenas o malas, son las personas encargadas de su aplicación las que lo hacen correctamente; lo contrario sería abusivo y arbitrario.

         Las razones anteriores exigen que el legislador tenga mucho cuidado en la redacción de las disposiciones legales, porque un contenido vago o ambiguo permite interpretaciones y aplicaciones que desvirtúan el espíritu de esas normas.

         Los inconvenientes empiezan a presentarse, primero, cuando los que proponen las normas legales lo hacen con el afán de tener disposiciones que puedan utilizarlas a su gusto. Y, segundo, cuando quienes deben redactarlas se encuentran supeditados a la voluntad de la autoridad y no tienen independencia, autonomía ni posibilidad de cambiar la redacción de las normas propuestas. De esa manera nos vemos apabullados de disposiciones legales apuntadas intencionalmente para ser utilizadas en contra de determinadas actividades, personas o lo que sea menester atacar para imponer la voluntad autoritaria del momento.

          La Ley antirracismo Nº 045, de 8 de octubre de 2010, en su art. 7 crea el Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación, constituido por un conjunto de instituciones, casi todas ellas notoriamente alineadas con el actual gobierno y que, además, se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización.

         Aunque las manifestaciones de racismo o de discriminación se incorporan como delitos en el Código Penal y la investigación y el procesamiento corresponden al Ministerio Público y a las instancias judiciales ordinarias, a nivel administrativo el citado Comité Nacional tiene la facultad incluso de cerrar temporalmente (entre 150 y 360 días), los medios de comunicación, si acaso éstos no cumplen con las exigencias contenidas en el art. 13 del reglamento (Decreto Supremo Nº 0762 de 5 de enero de 2011), sobre el envío de los llamados ‘productos comunicacionales’ que pueden ser o no del gusto y conformidad del Comité Nacional, ya que éste tiene la facultad de aceptarlos o rechazarlos; y no existen parámetros sobre los cuales el comité debe desempeñarse.

         Este es un claro ejemplo del peligro de discrecionalidad que una norma deja a criterio de las personas que deben aplicarla.

Publicado en El Deber 17/02/11

Amputando la cultura

         Hay noticias tristes que sólo entristecen, pero hay otras que preocupan y amargan, y es el caso del cierre de la librería Cunumi Letrao, sueño quijotesco de un hacedor de cultura como Ricardo Serrano. Las causas son varias y de diferente índole; si tuviéramos que enumerarlas por incidencia, sin lugar a dudas la primera es la ausencia de ‘culturización’ del cruceño (nacido o no en esta tierra), en particular, y el boliviano, en general.

         Para el común de los cruceños sus intereses son frívolos y superficiales, pues se limitan a la lectura de los suplementos sociales y del mal llamado deportivo, porque sólo se refiere al fútbol.

         Sin ánimo de pecar de exagerado, quienes asisten a los varios eventos culturales que se realizan en Santa Cruz son las mismas personas. Es que la población cruceña que tiene interés por los actos culturales es pequeña y la misma, y con mucha pena vemos que no crece y menos que asistan jóvenes.

         Otra causa para que la cultura vaya mermando es la actividad delincuencial de la piratería, que alcanza a casi todas las labores culturales. Personas que suponemos o creemos que tienen cierto grado de cultura, no compran libros originales y prefieren adquirir fotocopias, constituyéndose en cómplices de dicha actividad delictiva y para que se cierren librerías como el Cunumi Letrao.

         Un hecho alarmante es que las formadoras de personas cultas y las impulsoras de la cultura en todos sus campos, es decir, las universidades públicas y privadas, son impulsoras del uso de las ilegales fotocopias para el estudio de los alumnos. Incluso se llega a situaciones en que los mismos profesores entregan fotocopias parciales de textos, que son las partes que interesan a su curso, amputándolos y poniendo límites inconcebibles a los estudiantes que no pueden acceder a mayores conocimientos. Aunque, en rigor a la verdad, a la gran mayoría de estudiantes tampoco le importa, porque la cultura imperante en nuestras universidades es conseguir pasar de materia con el menor esfuerzo posible.

         En materia musical, es realmente impresionante cómo los delincuentes tienen colecciones de toda clase de música, para todos los gustos, y también es impresionante como los habitantes que se supone tienen alguna preparación y están disfrutando de charlas en los locales de la av. Monseñor Rivero son los principales compradores de esos discos pirateados, sin darse cuenta de que son cómplices de una actividad delictiva que perjudica gravemente a los que se esfuerzan por crear arte, y vemos a nuestros compositores con ingresos reducidos porque de los derechos de autor que les corresponde no les llega mas que migajas.

         Habrá que seguir arando en el océano, apoyando dentro de lo que podemos a la familia Roca Gravato, que en la Librería Ateneo no sólo vende libros, sino cultiva y otorga la amistad junto a un buen café; a un Peter Lewy que en LewyLibros procura estar con las ultimas novedades internacionales; a la gente de Lectura, Amigos del Libro y de la bien denominada El Quijote, que siguen aún sin desmayos en la lucha.

         Algo tenemos que hacer para inculcar en los jóvenes y también en los mayores hábitos de lectura y no ayudar a la piratería, a fin de terminar con la frivolidad en nuestra sociedad.

Publicado en El Deber 31/01/11