Negligencia criminal

         En cualquier país medianamente civilizado la presencia de la autoridad es fundamental y básica para una vida de relación social normal y con tranquilidad para sus habitantes.

         Las actividades que se desarrollan en un país, en general, y en sus regiones o ciudades, en particular, están en el marco de normas y disposiciones legales que regulan esas actividades para que exista no sólo armonía, sino principalmente respeto y seguridad para sus habitantes y el entorno.

         El desarrollo de la humanidad obliga a cambiar muchas de esas normas y regulaciones en función del avance tecnológico, de las nuevas necesidades que deben ser satisfechas y de la vida misma, dejando sin efecto a algunas, creando otras o eliminando aquellas que sean obsoletas.

         En este ámbito, la presencia de las autoridades constituye la garantía final de que esas normas y regulaciones deben cumplirse por todos y sin excepción, porque justamente la autoridad pertinente lo va a exigir y va a imponer su cumplimiento y respeto. En términos normales eso es lo lógico y razonable.

         Uno de los temas modernos, aunque su preocupación fue en todas las épocas de la humanidad, es el cuidado del medio ambiente o todo lo referente a lo ecológico. Ahora adquiere mayor notoriedad porque hay conciencia de que un problema ecológico que se presenta en algún lugar del planeta afecta al resto, así se encuentre en el otro extremo, porque el planeta Tierra es lo único que los seis mil millones de habitantes compartimos sin exclusiones, ventajas o derechos propios.

         Si se presenta un daño ecológico en un lugar, las consecuencias para el mismo, además del grave perjuicio económico que significa, derivan en situaciones a veces irreversibles, que pueden ocasionar cambios en el modo de vida de muchos habitantes ligados a ese lugar.

         Son las autoridades quienes deben controlar, sancionar y regular para evitar que ocurran ese tipo de problemas ecológicos, a veces catastróficos por sus consecuencias, que generalmente son producto de la actividad del hombre, que por su innato egoísmo busca satisfacer sus intereses personales sin importar los derechos de los demás.

         Hay actividades que dañan el medioambiente, las cuales tendrán consecuencias en el presente o en el cercano futuro que afectaran la vida de los habitantes de esos lugares, y la población se confía en que esas situaciones serán controladas y eliminadas por las autoridades pertinentes.

         Que decepción tiene el cruceño en particular al ver cómo se está depredando al río Piraí para el enriquecimiento de unos cuantos con la explotación de los áridos, y la total negligencia de las autoridades, en este caso municipales, para frenar esa depredación, incurriendo por su falta de acción en una conducta criminal que, tarde o temprano, tendrá que ser sancionada.

         La depredación del río Piraí ocasionará daños ecológicos que afectarán la vida y las actividades de los cruceños y más adelante de toda la región donde el curso del río tiene presencia de flora y fauna.

         Es tiempo que la población reaccione y frente a esa negligencia criminal de las autoridades, que no merecen denominarse así, tome cartas en el asunto antes que el río Piraí sea solo un recuerdo poético mencionado en algún taquirarí.

Publicado en El Deber 19/09/11 y en Los Tiempos el 23/09/11

Derecho a decidir

         Se encuentra en discusión un borrador de reglamento sobre el funcionamiento de las universidades, en el que además de muchos aspectos importantes y necesarios para regular las actividades de tantas universidades públicas y privadas que funcionan en el país se incorpora una disposición que permite al estudiante cambiar de carrera por una sola vez.

         Este urticante tema desconoce ingredientes inherentes a la naturaleza humana misma, porque el hombre (ahora constitucionalmente también hay que referirse por separado a la mujer) tiene la absoluta prerrogativa de decidir que va a hacer con su futuro, y una de esas elecciones personales es a que va a dedicarse en su vida, de que va a vivir y qué va a producir. Y justamente la elección de una profesión universitaria es la que va a configurar su derrotero futuro.

         Sabemos que el estudiante, cuando se gradúa de bachiller, está tan perdido respecto a lo que va a estudiar, que son la excepción a la regla aquellos que tienen una vocación definida y la siguen. Incluso muchos de estos, al empezar los estudios, se dan cuenta de que no es la carrera que les satisface y no hay peor profesional que aquel que se titula solo por hacerlo sin sentir la profesión y la actividad a la que debe dedicar todo su tiempo productivo, engrosando luego el ejército de mediocres que cree que por tener título profesional ya ha cumplido, con el agravante que refleja la mediocridad a su entorno y al país en su conjunto.

         Los redactores del citado borrador deben considerar que hay muchos estudiantes que no se gradúan de profesionales por el tiempo que pasan en la universidad sin avanzar. Para controlar ese síndrome de ineptitud no es necesario castigar a todos y puede reglamentarse el tiempo que un estudiante debe estar en una universidad por carrera, salvando aquellos casos de fuerza mayor, toda vez que los universitarios son el reflejo directo de la sociedad misma y sus problemas.

         En China y la India la educación no es gratuita incluso en las universidades públicas, porque se forma a la juventud para que tenga una actividad, produzca y gane dinero, y el cobrarles por sus estudios, aunque no se trate de sumas importantes, en primer lugar permite al estudiante a exigir mejor preparación y altos estándares académicos con profesores altamente calificados para los temas que imparten cátedra. Y, en segundo lugar, como al estudiante le cuesta dinero no quiere desperdiciar tiempo y procura terminar su carrera dentro de los parámetros previsibles, a fin de que no le afecte su economía o a la de sus padres.

         A diferencia de esos países, en el nuestro y en América Latina, en general, no existe la cultura del ahorro por familia para la educación, lo que limita las posibilidades de cobro por estudio, aunque ya se dispone de los llamados crédito para educación; no obstante, es imprescindible crear esas condiciones para el nivel educativo.

         Es un derecho inalienable de la persona poder decidir qué va a hacer con su futuro, salvo que estuviésemos en una sociedad donde la libertad de decisión viniera del Estado, que creo no es el caso boliviano. En ese sentido, no puede limitarse la capacidad de decisión de un individuo para definir su futuro o hacer los cambios que mejor vea conveniente en busca de una profesionalización positiva, productiva y que genere valor agregado, así vamos rompiendo poco a poco la sempiterna estructura mediocre de los estudios universitarios.

Publicado en El Deber 5/09/11, en Hoy Bolivia el 6/09/11 y en Los Tiempos el 7/09/11